El nuevo marco jurídico para establecer candados y alertas para contratar deuda por parte de estados y municipios dio su primer paso en el Senado de la República, al ser aprobado por el pleno en primera lectura el proyecto de ley.
De esta forma, el martes próximo la iniciativa en materia de responsabilidad y disciplina financiera será analizada, discutida y votada por el pleno de la Cámara alta. El dictamen de la nueva ley que controlará el endeudamiento de estados y municipios fue aprobado ayer en sesión extraordinaria por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y Hacienda y Crédito Público del Senado.
Estas reformas son en materia constitucional y le otorgan nuevas facultades al Congreso de la Unión para legislar en ese tema.
Además, dotan al Senado de facultades para que pueda opinar o, en su caso, objetar sobre la contratación de deuda que realice una entidad que enfrente problemas financieros y que busque cobijarse bajo el mecanismo de deuda estatal garantizada (DEG).
El proyecto de reforma constitucional introduce la figura de DEG como un mecanismo de reducción del costo financiero de entidades altamente endeudadas para reestructurar con aval de garantía federal, previa solicitud y firma de convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este mecanismo estará limitado por un monto de 3 % del PIB y será de aplicación gradual a tres años, en función de los resultados de ajuste de las finanzas públicas de la entidad.
Los estados y municipios tienen derecho a utilizar la DEG hasta por un límite de las participaciones federales e ingresos propios, que se prevé será de 75 %.
De acuerdo con información de la SHCP, el saldo de las obligaciones financieras de los estados y municipios representó 2.9 % del PIB estatal, en promedio nacional, al cierre de 2012.
Coahuila es la entidad más endeudada, con 7.7 % del PIB estatal, seguida de Quintana Roo y Nayarit, con 7.1 % del PIB local, en ambos casos.
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